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Comentario a la Traducción
La Oficina del Auditor del Estado (SAO) es el auditor independiente para el gobierno del estado de Texas. La SAO opera bajo la Supervisión del Comité Legislativo de Auditoría, un comité permanente de seis miembros de la Legislatura de Texas, presidida conjuntamente por el TenienteTeniente Gobernador Gobernador y el Portavoz de la Cámara de Representantes.
La SAO está autorizada, por el Capítulo 321, Código del gobierno de Tejas, para realizar auditorías, revisiones, e investigaciones de cualquier entidad que reciba fondos del estado, incluyendo las agencias del estado y las instituciones de educación superior. Las auditorías se realizan de acuerdo a los estándares de auditoría del gobierno generalmente aceptados, que incluyen los estándares publicados por el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (American Institute of Certified Public Accountants).
Los tipos de auditorías que la SAO lleva a cabo incluyen dictamen de auditoría de estados financieros, auditorias financieras, auditorías de acatamiento, auditorías de economía y eficiencia, auditorías de efectividad y otras auditorías especiales. La SAO puede, también, realizar revisiones, las cuales son menos rigurosas que las auditorías y no siguen los estándares de auditoría, pero proporcionan cierto grado de seguridad a los responsables de tomar decisiones. Investigaciones son llevadas a cabo cuando existe evidencia de fraude o de abuso de los recursos del estado.
Otras responsabilidades de la SAO incluyen la administración del Plan de Clasificación del Estado y la provisión de ayuda a las oficinas de recursos humanos de las agencias del estado y de las entidades de educación superior, lo cual se efectua por el Equipo de Clasificación del Estado (State Clasificación Team). Además, la SAO coordina y proporciona oportunidades de educación continua para auditores y contadores profesionales.
El trabajo y las actividades realizados por la SAO se incluyen en un plan anual de auditoría, aprobado por el Comité Legislativo de Auditoría. Esto incluye el trabajo obligatorio, requerido por el estatuto del estado, o el trabajo discrecional que es determinado a través de un proceso en curso de evaluación del riesgo.
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